COMUNICADO

El Gobierno de la República, en la relación al fallo judicial por el asesinato de Berta
Cáceres, a la comunidad nacional e internacional informa:
1. El fallo judicial emitido este día en torno al crimen de la defensora de Derechos
Humanos Berta Cáceres, demuestra la voluntad de todo el aparato estatal para que
este crimen no quedara en la impunidad.
2. Asimismo, la aplicación de la justicia, con todas garantías del debido proceso,
demuestran la efectividad que hoy Honduras ha alcanzado tanto en sus entes
investigativos como fiscalizadores, demostrando que hoy tenemos instituciones más
robustas, más técnicas y científicas.
3. Las primeras capturas se lograron apenas dos meses después del hecho mediante la
Operación “Jaguar” en la que nuestros cuerpos de investigación, ejecutaron diez
allanamientos, cuatro en Tegucigalpa e igual cantidad en La Ceiba (Atlántida) y dos en
Trujillo (Colón), lográndose la captura de los primeros implicados.
4. El gobierno de la República hoy reitera lo expresado por el Presidente Hernández
Alvarado desde el día de la trágica muerte: “Este es un acto que ha golpeado al
pueblo hondureño, al Estado de Honduras…” Y también sentenció que el crimen “no
quedará impune y que a tal efecto se continuará dando el total apoyo a las
investigaciones”.
5. El gobierno agradece el acompañamiento en todo este proceso de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas y de países amigos que facilitaron todas sus
capacidades para dar con los responsables.
6. Somos un país respetuoso de los derechos humanos, colocando la vida y la dignidad
en el centro de nuestras acciones para garantizar que se cumplan estos derechos.
Como país llevamos los derechos humanos a rango de Secretaría de Estado,
permitiendo que las organizaciones de sociedad civil y el Gobierno profundicen en la
promoción y respeto de esas garantías.
7. Como gobierno también solicitamos la instalación en el país de una oficina
permanente del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras. Asimismo,
desde el 2016 y mediante la aprobación de la Ley de Protección a Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia,
el Estado junto a Organizaciones de Sociedad Civil y Gremios, ha impulsado y
fortalecido el Mecanismo de Protección para estas personas en alto riesgo por la
función que desempeñan.
8. Una vez más, el gobierno reconoce la ardua labor del Ministerio Público y la Corte
Suprema de Justicia en la realización de un proceso de investigación y un juicio con
todas las garantías para esclarecer la trágica muerte de Bertha Cáceres cuyo legado
en la protección del medio ambiente y a favor de los derechos humanos será siempre
un referente en nuestro país y el mundo.
Tegucigalpa, M.D.C 29 de noviembre de 2018